La reciente investigación judicial caratulada «Tapia, Claudio y otros s/ Infracción a la Ley N° 25.246», radicada en el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, se ha convertido en un caso testigo para el derecho penal económico en Argentina. El proceso analiza una presunta red de blanqueo que habría utilizado la estructura del fútbol y el circuito financiero como vehículos de legitimación de activos.
1. La Autonomía del Delito: El Legado del Fallo «Estrada»
Uno de los pilares de esta investigación es la aplicación de la doctrina sentada por la Corte Suprema en el fallo «Estrada» (2018). Este precedente es determinante porque:
- Ratifica la autonomía del delito de lavado de activos, permitiendo avanzar en la persecución penal sin necesidad de una sentencia firme por el delito precedente (como administración fraudulenta o evasión).
- Valida el decomiso anticipado de bienes cuando existe una falta de capacidad económica lícita que los justifique y se detectan maniobras complejas de estratificación.
- Establece que solo se requiere comprobar la naturaleza ilícita de los fondos, no el delito específico que los generó.
2. Debilidades en el Sistema de Prevención (ALA/CFT)
El caso pone bajo la lupa el rol de la AFA como Sujeto Obligado. La ausencia de una debida diligencia (KYC) robusta y la omisión de Reportes de Operación Sospechosa (ROS) transforman los programas de integridad en meros «Paper Programs».
- Estratificación y Nexo Causal: El uso de financieras como «puente» busca quebrar la trazabilidad. No obstante, bajo la Resolución UIF 61/2023, la falta de legajos de clientes permite que la justicia presuma el nexo causal si el ingreso de fondos no tiene explicación lícita.
- El Beneficiario Final: Conforme a la Resolución UIF 56/2024, el foco se desplaza hacia quién ejerce el control real. Si fondos de financieras sospechosas terminan en bienes suntuarios para directivos, se produce la «perforación del velo societario».
3. El Rol Crítico de la Auditoría y el Compliance
La Inspección General de Justicia (IGJ) ha intimado a la AFA por inconsistencias contables de 450 millones de dólares, un hecho que evidencia una falla crítica en el control interno.
- Responsabilidad del Auditor: Según el marco normativo de la UIF, los auditores externos son Sujetos Obligados. Ante discrepancias de tal magnitud, el auditor tiene la obligación legal de emitir un ROS.
- Ceguera Voluntaria: La omisión de señales de alerta (red flags) o la falta de independencia frente a la alta dirección pueden derivar en responsabilidad administrativa y, potencialmente, criminal por participación u ocultamiento.
4. Competencia Federal y Cooperación Internacional
Dada la afectación al orden económico nacional y el involucramiento de entidades fiscalizadas por el BCRA y la UIF, la competencia federal es improrrogable. La intervención de la PROCELAC resulta vital para desentrañar la ingeniería financiera y activar mecanismos de cooperación internacional (GAFI/GAFILAT) necesarios para investigar cuentas en el exterior.
Conclusión: El caso AFA / Sur Finanzas no es solo una disputa jurisdiccional, sino una prueba de fuego para la eficacia de los organismos de control. El éxito de la causa dependerá de la reconstrucción de la ruta del dinero desde el beneficio final hacia atrás, aplicando con rigor la teoría de la sospecha fundada y los estándares internacionales de transparencia.-
Dr. CLAUDIO DE GASPERI
